Paulina Vodanovic

Paulina Vodanovic

Presidenta del directorio de la Fundación Horizonte Ciudadano.

Plebiscito, la peligrosa negación: vemos con preocupación que algunos crean que es irrelevante detener –ahora, definitivamente– un proceso histórico central para la legitimidad de nuestra democracia. Esto nace de un error y de una negación.

Estaba todo preparado para que hoy domingo 26 de abril se realizara el plebiscito para iniciar un proceso inédito de participación ciudadana para construir una nueva Constitución, entre todos y todas.

Para contener la propagación del Covid-19, hubo de postergarse hasta el 25 de octubre. Queda en suspenso, así, el inicio de la salida institucional a una aplastante demanda ciudadana: revisar juntos las reglas de nuestra convivencia, es decir, cómo se distribuyen poder, oportunidades, derechos y deberes en nuestro país.

Vemos con preocupación que algunos crean que es irrelevante detener –ahora, definitivamente– un proceso histórico central para la legitimidad de nuestra democracia. Esto nace de un error y de una negación.

¿Cuál es el error? Pensar que, si sigue activa la pandemia en octubre, seremos incapaces como país de idear soluciones efectivas para que votemos en condiciones seguras para la salud de los participantes. Si a esa fecha somos capaces de retornar a las aulas de clases, reabrir los comercios y organizar los transportes de ciudades y pueblos, no hay razón para que no seamos capaces de organizar el plebiscito.

Junto a la Red de Centros por una Nueva Constitución vamos a sistematizar un conjunto de propuestas factibles para esta eventualidad. Nos parece que otro error, es evocar el costo del plebiscito, pensando en la deprimida situación económica proyectada. Al hablar de costos, hay que hacer el análisis completo y preguntarse por el costo alternativo, recordando por ejemplo, el impacto económico del estallido social.

Pero lo grave es la negación, más profunda, que empieza a quedar al desnudo. Nos referimos a esa respuesta que consiste en ignorar las causas de fondo del malestar ciudadano manifestado a partir del 18 de octubre. Esas motivaciones son las que empujaron el acuerdo para avanzar a una nueva Carta Magna.

Sería fácil echarle la culpa al Covid-19, bajo el argumento de que hay otras urgencias, pero la pandemia ha confirmado en poco tiempo los mismos fenómenos: ha mostrado nuestro fallido sistema de pensiones, las diferencias en el acceso a salud oportuna y de calidad, la segregación al interior de las ciudades y entre las regiones, la fragilidad de los derechos laborales e –incluso- la mínima posibilidad de contar con agua potable para lavarse las manos.

En otras palabras, el 18/10 y la pandemia han dejado en evidencia la desigualdad que el modelo impuesto por la Constitución de 1980 no hace más que perpetuar. No ha sido difícil ver la fragilidad del Estado para garantizar a todas las personas mínimos de seguridad, reconocimiento y bienestar. ¿Cómo seguir negándolo cuando nos comparamos con las reacciones de países europeos o asiáticos? Es más grave aún cuando hay fundadas razones para pensar que el impacto económico de esta crisis y el desempleo pueden acentuar las brechas existentes y dejar en la marginalidad a partes importantes de la población.

Precisamente, porque estamos en la mitad de una crisis sin precedentes, las implicancias para las familias de Chile requieren que miremos de frente nuestras desigualdades, los privilegios indignantes y la débil capacidad de protección que garantizamos como sociedad. En eso consiste el proceso constituyente que la enorme mayoría apoyamos: que juntos definamos ese país en el cual queremos vivir.

La negación es un mecanismo de defensa que permite lidiar con decisiones complejas, pero que puede llevar, peligrosamente, a no ver la realidad. No podemos –ni debemos- ignorar lo que han vivido, viven y seguirán viviendo con angustia nuestros compatriotas. Sería jugar con fuego, el mismo fuego abrasador de octubre.