• Seis centros de pensamiento progresistas reunieron a autoridades, alcaldes y expertos para debatir cómo enfrentar la crisis de seguridad desde una mirada que combine prevención, control del delito, recuperación de los espacios públicos y respeto al Estado de Derecho, reivindicando que la seguridad también debe ser una prioridad para la izquierda y la centroizquierda.

Con un llamado a que el progresismo asuma la seguridad pública como una prioridad, seis centros de pensamiento realizaron este jueves 27 de agosto el seminario “Agenda de Seguridad Pública: de la Política Pública al Territorio”, en el Auditorio Salvador Allende de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

La actividad, organizada conjuntamente por Chile21, Horizonte Ciudadano, ICAL, Instituto Igualdad, Nodo XXI y Rumbo Colectivo, reunió a representantes políticos, alcaldes, académicos y especialistas para discutir los principales desafíos de seguridad que enfrenta el país y avanzar en una mirada que articule prevención, persecución del delito, presencia del Estado y trabajo territorial.

El primer panel, “Políticas públicas en seguridad, agenda de seguridad del gobierno anterior y del actual”, contó con la participación del ex ministro Álvaro Elizalde, la diputada Tatiana Urrutia y el experto en seguridad Alejandro Urquiza, bajo la moderación del ex subsecretario Rafael Collado.

Elizalde planteó que una propuesta progresista con vocación de mayoría debe hacerse cargo de la seguridad pública “sin complejos” y demostrar que es posible obtener resultados manteniendo un estándar exigente de respeto al Estado de Derecho.

“El cambio más significativo que hubo en el gobierno pasado es que por primera vez el Estado se puso delante de la delincuencia para anticipar a través de políticas públicas, y no estar siempre detrás”, sostuvo.

Al mismo tiempo, advirtió frente a aquellas iniciativas que puedan debilitar los contrapesos democráticos. “En democracia, los derechos y los límites al ejercicio del poder son fundamentales. El poder que no admite límites después no tolera a los ciudadanos y sólo tolera a los súbditos”, afirmó.

La diputada Tatiana Urrutia, en tanto, llamó a incorporar las causas sociales y territoriales en el análisis de la inseguridad. A su juicio, la crisis actual no puede separarse de las profundas desigualdades y niveles de segregación presentes en el país.

También cuestionó que el debate público se concentre en iniciativas con alto impacto comunicacional mientras persisten problemas cotidianos como la pérdida de espacios públicos, la presencia de armas de fuego y la violencia en los barrios.

Alejandro Urquiza enfatizó que la seguridad no puede reducirse exclusivamente a la persecución policial y penal, y destacó la prevención como una herramienta fundamental para producir cambios sostenibles.

“La persecución es el día a día, es la coyuntura; la prevención es de largo plazo y es lo único que te va a permitir cambiar la situación de verdad”, señaló.

El segundo panel, “Territorios, prevención y gobernanza de la seguridad”, estuvo integrado por los alcaldes Felipe Muñoz, de Estación Central; Fares Jadue, de Recoleta; y Christopher White, de San Bernardo, y fue moderado por la académica Lucía Dammert.

La conversación abordó el rol de los municipios, la recuperación de los espacios públicos y la necesidad de mejorar la coordinación entre gobiernos locales, policías, servicios públicos y comunidades.

Los centros organizadores destacaron que una política progresista de seguridad requiere combinar eficacia en la acción del Estado, prevención, fortalecimiento de las comunidades, presencia institucional en los territorios y respeto irrestricto a las reglas democráticas.

El seminario se enmarca en el trabajo conjunto que Chile21, Horizonte Ciudadano, ICAL, Instituto Igualdad, Nodo XXI y Rumbo Colectivo vienen desarrollando para aportar, desde la evidencia, los estudios y el debate público, a la construcción de respuestas comunes frente a los principales desafíos del país.