El rol de la policía en la discriminación de la comunidad LGBTIQ+

Los resultados muestran que más del 89% de los encuestados ha sufrido al menos una experiencia de discriminación en su vida, mientras que un 64,3% la ha sufrido en el último año.

Por Alonso Lobos

Julio 13, 2021

Este año, la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), lanzó la primera encuesta estatal sobre discriminación y violencia hacia la población LGBTIQ+.

Los resultados muestran que más del 89% de los encuestados ha sufrido al menos una experiencia de discriminación en su vida, mientras que un 64,3% la ha sufrido en el último año.

Estas cifras coinciden con los resultados del XIX Informe Anual de DD.HH. realizado por el Movilh (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual) y publicado también este año, en donde indican que han existido 1.266 casos de discriminación, un 14,7% más que el año anterior y el más alto desde que comenzó a aplicarse el informe en el año 2002.

Lo que llama la atención es la alta cantidad de casos en donde el agresor ha sido un funcionario de Carabineros de Chile. La encuesta de la SPD muestra que en un 11,7% de los casos fue un carabinero quien la última vez cometió la
discriminación, superando en porcentaje a funcionarios públicos (11%), grupos organizados anti-LGBTIQ+ (11,2%) o compañeros de trabajo (8,9%).

Si bien el abuso policial hacia la población LGBTIQ+ ha sido una constante a través de los años, según el informe anual del MOVILH de 2019, durante el estallido social, se reportaron 23 casos de abuso policial y discriminación por parte de funcionarios policiales hacia miembros de la comunidad LGBTIQ+, un 100% más de casos respecto al año 2018. Estos atropellos, abusos y vejaciones no solo generan una desconfianza crítica a las Fuerzas de Orden y Seguridad, sino que también se suman a la discriminación y violencia que la población LGBTIQ+ enfrenta en el día a día.

Sin embargo, lo más importante es que atentan contra el derecho a la seguridad y la protección: ¿A quién acudimos, entonces, cuando somos víctimas de una discriminación en base a nuestra orientación sexual o identidad de género? La respuesta estatal estaría en la creación y promulgación de la Ley 20.609 antidiscriminación, conocida como Ley Zamudio.

Una ley que penaliza la discriminación arbitraria hacia cualquier persona que la sufra. Sin embargo, esta ley no ha sido una medida efectiva contra la discriminación a la comunidad LGBTIQ+, a pesar de sus últimas modificaciones.

Según los datos de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema (DECS), bajo esta ley, desde su promulgación en 2012 y hasta el 2020, sólo se ingresaron 468 denuncias civiles, de las cuales 274 tuvieron término judicial.

Asimismo, el mayor porcentaje de causas interpuestas por la Ley Zamudio fue por discriminación de enfermedad o discapacidad con un 39,9%, seguido por ideología política con un 9% y finalmente por orientación sexual o identidad de género con solo un 7%.

Esto sumado a que, según la encuesta del MOVILH aplicada en 2013, más del 90% de personas LGBTIQ+ que han sufrido un episodio de discriminación no han ido a denunciarlo a carabineros por vergüenza, desconocimiento, desconfianza o miedo a volver a ser discriminados.

Llama profundamente la atención que una persona LGBTIQ+ al ser víctima de un delito de odio no quiera ir a denunciar por miedo a ser rediscriminada por un funcionario que debe proteger a toda la sociedad civil.

Esta desprotección estatal hacia la comunidad LGBTIQ+ envía un mensaje nefasto y peligroso a la ciudadanía, como también perjudica de manera irreversible a un grupo social que ha sido violentado, humillado e invisibilizado por siglos.

Es por esto que, en vísperas de la redacción de una Nueva Constitución y con elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, se hace imprescindible generar reflexiones y debates acerca de la reestructuración de la policía nacional.

Sin lugar a dudas los cambios deben ser profundos, por un lado, se debe apuntar a la prevención de la discriminación por parte de la policía, por otro lado debe haber una sanción efectiva a funcionarios que ejerzan violencia y discriminación a la comunidad LGBTIQ+.

Sólo de esta manera, la comunidad LGBTIQ+ podrán acceder al derecho a ser protegidos y dejar de ser ciudadanos de segunda clase.

Columna publicada el 13 de julio de 2021 en The Clinic.

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