Basta

Escribo consternada por la muerte de Francisco Martínez Romero. Pienso en el dolor de su familia, de sus amigos, en los niños y niñas que han visto en redes sociales a un malabarista que muere en la vía pública a manos de Carabineros, como si fuera la escena de una mala película. ¿Qué podemos decirles o explicarles, si por más que repitamos la escena, no aparecen argumentos atendibles?

Pienso en que no merecemos esto, que éste no es el país en que queremos que crezcan nuestros hijos. No es ficción. Hemos visto morir a un joven que pudo ser nuestro hermano, amigo o vecino. No olvido la imagen del joven caído en la mitad de la calle y ruego que como sociedad no nos deje indiferente.

No hay contexto ni protocolo que justifique el actuar de la policía. Recuerdo tantas conversaciones del debate constituyente donde hablamos de los cambios que Chile requiere, de los desafíos del futuro, de la nueva Constitución que consagrará más derechos, en las esperanzas que tenemos en este proceso.

La actual Constitución consagra el derecho a la vida. Sin embargo, no se respeta, precisamente por funcionarios que ostentan el monopolio del uso de la fuerza. Que la usan sin discernir y ponderar el uso de armas letales, y lo hacen en un pequeño pueblo lleno de turistas a media tarde. Los mismos policías que en aquellos barrios que califican de peligrosos, simplemente no ingresan, campea la desesperanza  y reinan los patrones del mal.

También consagra la igualdad ante la ley. Y no se respeta. Frente a un joven de pelo largo con armas de utilería, la fuerza, la muerte. Frente a un “caballero” del barrio alto, con armas verdaderas, un procedimiento cortés y remilgado, un delicado paso por la justicia que no hará mella.

Mucho se ha dicho y escrito sobre los cambios a Carabineros.  Reestructurar, reformar, refundar. Comisiones que no arriban a resultados, anuncios de reformas que sabemos que este gobierno jamás discutirá.

Un proyecto de ley en trámite que “fortalece” las instituciones policiales, dándole más facultades, e incluso pretende incorporar una eximente de responsabilidad para los funcionarios que usen sus armas de servicio en casos como la fuga.  Se requiere una discusión seria acerca de esto, salir del titular, del discurso y las palabras. Necesitamos una policía que se fortalezca desde sus capacidades, que recupere la confianza de la ciudadanía y la credibilidad, cumpliendo su deber de acuerdo a los estándares de derechos humanos. Esto no es teoría: respeto a la vida, apego a la igualdad ante la ley.

Recae en el Estado regular el uso de la fuerza legítima; son las policías, que por su formación y profesionalismo, pueden hacer uso de esta fuerza en caso de necesidad.

Como contrapartida, hay reglas para su uso y control del conjunto de la sociedad sobre estas acciones. Necesitamos con urgencia una policía acorde con lo que nuestra democracia demanda. No podemos seguir en debates y anuncios inconducentes. La etapa de diagnóstico está agotada, la arbitrariedad hace tiempo dejó de ser la excepción.

Hay consenso en que se requiere mayor control civil, transparencia, controles internos y externos efectivos. Sin duda, cambios necesarios.

Pero la urgencia está en que Carabineros cumpla con lo que la Constitución y las leyes le mandatan, pues como funcionarios públicos están obligados a la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos.

Es evidente que el Alto Mando de Carabineros hoy no garantiza que el rol de resguardo del orden público se  compatibilice con el respeto a los derechos humanos. El gobierno no puede seguir ausente y debe terminar con esta autonomía de facto de la institución.

Publicada el 7 de febrero de 2021 en El Mercurio.