Poder ambiental para la ciudadanía

Estamos frente a un esfuerzo sostenido de la ciudadanía organizada por hacerse oír y hacer ver su insatisfacción.

Por Xavier Altamirano

Noviembre 30, 2021

La COP26 ha confirmado una tendencia: pese a las dificultades de la situación sanitaria y los desorbitantes precios, la sociedad civil quiere y puede marcar presencia en el mayor encuentro global sobre cambio climático.

Los 30 mil registros en Glasgow hacen proyectar números varias veces superiores a los 975 representantes de ONGs de la primera COP de 1995 y cifras iguales o superiores al peak registrado en el encuentro de Paris.

Estamos frente a un esfuerzo sostenido de la ciudadanía organizada por hacerse oír y hacer ver su insatisfacción ante los tomadores de decisiones políticas y económicas. La última encuesta de Naciones Unidas, con 1,2 millones de personas en 50 países, es tajante: 2/3 dice que enfrentamos una “emergencia global” y pide acciones contundentes.

La preocupación y la sensación de impotencia se conjugan en el deseo de copar todos los espacios de acción disponibles. Así pues, hoy el repertorio de acción ambiental incluye las manifestaciones, los petitorios, la disputa al interior de los programas políticos, la organización territorial y, crecientemente, la judicialización ante la desprotección.

En 2019 un tribunal holandés acogió la demanda al Estado de 900 personas por abandono de deberes en la reducción de gases de efecto invernadero: el poder político falló en limitar las emisiones a un 25% para 2020. Así, por la vía judicial se forzó el establecimiento de un nuevo ámbito de responsabilidad política. Vendrían más casos en Francia y España, o en Colombia ante la incapacidad del gobierno para cumplir una meta de deforestación
neta cero en la Amazonía. Hace tan solo una semana se sumó una acción judicial en las islas del norte de Australia.

La crisis climática es un acelerador de la impaciencia, marcar un giro sobre lo que cabe exigir públicamente. Después de mucho tiempo, la ciudadanía está encontrando formas de aumentar el precio de la inacción, tal como ocurrió en Chile el 2011.

¿Cuál es el obstáculo en este nuevo escenario? El desacople de la temporalidad política y sus responsabilidades, frente a la urgencia climática y sus responsabilidades. Mientras sea difusa la deuda de la pasividad, seguiremos sin saber quién responde por el desastre ambiental. No es casualidad que las promesas de los gobiernos suelen sobrepasar los límites temporales de sus administraciones. Mientras las metas se fijen al 2030 o al 2050 sin una real hoja de ruta para dar cumplimiento a los compromisos en un mandato de 4 años, seguiremos atrapados en un laberinto de irresponsabilidad.

Lo mismo ocurre con las empresas. Hace mucho tiempo que la ciudadanía ha entendido el poder que detenta como consumidor. Pero si no hay más pluralidad de actores en los mercados, si no hay una institucionalidad que sancione la falta de transparencia, la falta de competencia y derechamente los abusos, seguirá habiendo una transición ecológica con freno de mano. Seguirán atados de manos millones de personas frente al interés cortoplacista de los menos.

Es en el rol de exigencia de compromisos transparentes, medibles y atribuibles a alguien que radica el poder ambiental de las personas. Y es en la educación y la toma de conciencia de los costos asociados que radica este nuevo poder.

¿Quién paga la cuenta de la inacción? El poder ciudadano tendrá el deber de decirlo a tiempo.

Columna publicada el 3 de noviembre de 2021 en La Segunda.

Etiquetas
Suscríbete a nuestro newsletter​